El gobierno de Pedro Sánchez ha optado por no pronunciarse sobre las expulsiones de ciudadanos españoles del Sáhara por parte de las autoridades marroquíes, a pesar de las seis preguntas formuladas al respecto por un diputado del partido vasco EH Bildu, según informa el diario Público. «La embajada y el consulado de España intervienen sistemáticamente para asistir a los ciudadanos españoles cuando son informados de situaciones que les conciernen», respondió por escrito el gobierno, eludiendo así entrar en detalles. El parlamentario buscaba saber si «el gobierno había contactado con los periodistas y activistas involucrados para garantizar su seguridad y documentar posibles abusos durante las expulsiones». El ejecutivo español aún no ha respondido a las preguntas escritas similares planteadas por diputados de la coalición de extrema izquierda Sumar, presentadas a finales de enero. Desde principios de año, Marruecos ha expulsado a varios ciudadanos españoles de las ciudades de El Aaiún y Dajla, quienes habían acudido para «informarse sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental». La última expulsión registrada tuvo lugar el domingo 2 de marzo en Dajla.
