La Corte de Apelaciones de Valencia ha sentenciado a una funcionaria a tres años y cinco meses de prisión por recibir comisiones ilegales a cambio de falsificar permisos de transporte de mercancías con destino a Marruecos. Además, se le ha prohibido desempeñar cargos públicos durante cuatro años y tres meses, tras ser hallada culpable de manipular documentos para facilitar el transporte y evitar las tarifas obligatorias. Según informan los medios ibéricos, la implicada trabajaba en el servicio regional de transporte de la municipalidad. Había aceptado sobornos para procesar solicitudes de tarjetas de transporte para vehículos que no cumplían con los requisitos legales. Estos vehículos se utilizaban para transportar mercancías desde Melilla hasta los pasos fronterizos marroquíes. El tribunal la encontró culpable de violar la ley, corrupción y falsificación de documentos oficiales. Sin embargo, su sentencia fue reducida debido a sus confesiones, la compensación de los daños y los retrasos en el proceso judicial. Además, el tribunal suspendió su pena de prisión durante tres años, con la condición de que no cometa otro delito durante este periodo y que pague los 17 550 € restantes obtenidos de manera ilícita. La investigación reveló que la funcionaria colaboraba con un intermediario en Valencia para repartirse las ganancias de la emisión de tarjetas de transporte fraudulentas. Cobraban 4 000 € por cada tarjeta, de los cuales la funcionaria recibía 500 € y el intermediario se quedaba con el resto. Entre junio y julio de 2018, emitió más de 70 tarjetas de transporte fraudulentas, acumulando 36 500 € en beneficios ilegales. Antes del juicio, reembolsó 18 000 € como indemnización parcial.
